viernes, 26 de febrero de 2010

HISTORIA Y MEMORIA por Noemí M. Girbal-Blacha 2º parte

HACIA EL BICENTENARIO HISTORIA Y MEMORIA
2º PARTE

Conferencia en el Círculo Médico de Quilmes, 1 de octubre de 2008.
Lic. Noemí M. Girbal-Blacha (CONICET-UNQ)

Como el reverso de una misma moneda, el Noroeste Argentino -con eje en Tucumán- se dedica desde entonces a modernizar la producción azucarera; mientras Cuyo en el Oeste -con epicentro en Mendoza- apuesta a la vitivinicultura. Ambas son expresiones económicas monoproductoras, que sin competir con el agro pampeano procuran sumarse al modelo agroexportador implementado. Para conseguirlo la presencia del inmigrante es fundamental, aunque su permanencia asociada a la tierra resulte precaria. Las crisis cíclicas - desatadas a fines del siglo XIX- 
se convierten en el común denominador de estas economías regionales, finalmente vinculadas a un acotado mercado interno.
Sólo en la región cuyana, en Mendoza especialmente, el inmigrante italiano, francés o español, logra una próspera inserción social y económica. La singularidad que permite este resultado es "el sistema de contratistas". La especificidad de la vitivinicultura hace "e/ milagro", porque la burguesía local necesita de la experiencia del extranjero a la hora de modernizar los cultivos viñateros y la producción de vinos. La capitalización del inmigrante marcha unida al ascenso social, que se plasma a través de alianzas matrimoniales y de la participación en sociedades anónimas vitivinícolas, conformadas por nativos que detentan el poder e inmigrantes que cuentan con la experiencia y el "dominio del conocimiento" en la materia. Una situación que difícilmente pueda reproducirse en la rica región pampeana.
En 1895 el extenso territorio argentino está despoblado. La población del país no alcanza entonces a 4 millones de habitantes. El inmigrante se entusiasma por llegar a este alejado país, para hacer realidad el sueño de ser propietario de la tierra que las leyes de colonización le prometen. Pero la realidad es muy distinta, La tierra pública ha pasado en alto porcentaje -ya a mediados del siglo XIX- a manos privadas y el derecho de expropiación es una quimera.
Alrededor de la mitad del territorio nacional, es decir, el Nordeste Argentino y la Patagonia en el extremo Sur, permanecen marginados de ese "progreso indefinido'" positivista. En el Gran Chaco Argentino, donde la marginalidad se da sin aislamiento, la posibilidad de sumarse al proyecto de país agrario exportador se manifiesta desde los últimos años del siglo XIX a través de la explotación del quebracho de sus bosques, conllevando a la depredación de este importante recurso natural para producir tanino, leña, postes y durmientes.
En la Patagonia, marginalidad y aislamiento se acompañan. La ocupación ovejera y las grandes estancias cuyos adinerados dueños son en su mayoría extranjeros, dan consistencia al paisaje y a la realidad regional, que vive mirando hacia Punta Arenas (Chile) hasta 1920.
Los efectos del modelo adoptado se expresan en un desequilibrio regional que para los tiempos del Centenario perfila una desigual ecuación entre territorio, riqueza, infraestructura y radicación poblacional, cuando la construcción social del espacio señala que -como precisara el irónico corresponsal y líder del partido radical francés George Clemenceau en su viaje por la América del Sur- en una cuarta parte del territorio nacional (la región litoral-centro) se concentran las tres cuartas partes de la riqueza y la población de la República Argentina.
También el publicista y periodista francés Jules Huret, cuando por entonces recorría desde Buenos Aires al Gran Chaco, destacaba: "en Argentina los cuerdos son los que conservan sus tierras y compran nuevas; los locos las que las venden ".  
Su pluma describe con precisión la cría de ganado, las grandes estancias de Pereyra Iraola y de Vicente Casares, las regiones agroindutriales y boscosas, la riqueza agrícola, el comercio de cereales. Como informa el mismo Huret -en tiempos del Centenario- "casi todas las grandes fortunas argentinas tienen, en efecto, su origen en el mayor valor de los terrenos que continúa hace cuarenta años, a pesar de las inevitables crisis de esta progresión.'" Una situación favorecida por "la concurrencia de capitales ingleses y de la emigración europea"", concluye.
En esta tierra despoblada, sin hombres, adonde arriban los hombres sin tierra procedentes del otro lado del Atlántico, en busca de radicación y esperanzas, la decisión de ulos que mandan", como definiera José Luís de Imaz a la élite dirigente, va transformando el Estado, que se hace interventor en los años 30; dirigista, planificador, nacionalista y benefactor entre mediados de los 40 y mediados del decenio siguiente, para dar paso al Estado desarrollista en los albores de los '60, Burocrático Autoritario desde 1966 y desde 1983 apuesta a la democracia ampliada.
Hace más de 30 años, la Argentina sufría los efectos de su última ruptura del orden institucional que se había iniciado en 1930, sucedido con la llamada "Revolución Libertadora" y desembocado en los sucesos de la "Revolución Argentina''como producto de lo que Juan Carlos Portantiero llamara "el empate argentino". El llamado Proceso de Reorganización Nacional inaugurado en 1976, que renunciaba a usar el término "revolución" para identificar el hecho que las propias Fuerzas Armadas -con el consenso de buena parte de la sociedad civil-promovían, marcaba la diferencia con la "Revolución Argentina" ocurrida una década antes al amparo de tres principios básicos: " Orden - Jerarquía -Moralidad". Envolvían en un discurso marcial y patriótico esos principios, a pesar de haber emergido del desgarramiento del arco homogeneizante de la Nación. El pacto político y social se destruía y la sociedad asistía como observadora a ese fenómeno que ganaba cuerpo ante sus ojos.
A mediados de los años '60 el golpe de Estado se distinguía de los anteriores, más allá de sustentar un sistema de exclusión política, no sólo por desconocer la Constitución Nacional y su división de poderes, tanto como los derechos y garantías de los ciudadanos, sino por respaldar su accionar en una Proclama y un Estatuto ideados por quienes lideraran la ruptura del sistema democrático. Instrumentos que tanto en 1966 como en 1976 sometían a su arbitrio la Ley Fundamental de la Nación, asignándose "la representación de todo el Pueblo de la República". Así se constituía la "legalidad vigente".[i] Una legalidad distante de la legitimidad, que claramente negaba la representación de la Nación más allá del discurso, cada vez que intentaba despolitizar el tratamiento de las cuestiones sociales, sometiéndolas sólo a la racionalidad técnica.
El conocimiento, la educación, la cultura, y quienes tenían a su cargo producirlo y difundirlo se convirtieron -más aun que en 1966 con los efectos de la "noche de los bastones largos "- en pasibles de sospecha y eran objeto de especial vigilancia por parte de quienes se habían convertido en "los custodios de la vida de los argentinos". En verdad, desde setiembre de 1974, la universidad pública y las instituciones dedicadas a la ciencia y la tecnología, arrastraban los efectos de la intervención del poder político en sus dinámicas internas y habían tenido que aprender a hablar en clave. La Argentina estaba muy lejos del balance del Centenario, aunque se apelara a los hechos fundacionales de la Nación para legitimar este accionar.
La resolución 538 del 27 de octubre de 1977, conforme a los propósitos y objetivos básicos para el Proceso de Reorganización Nacional y entendiendo como necesaria "la erradicación de la subversión en todas sus formas " proponía, en sus considerandos, alcanzar "la vigencia de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino y la conformación de un sistema educativo acorde con las necesidades del país, que sirva efectivamente a los objetivos de la Nación y consolide los valores y aspiraciones culturales de ésta ". Le otorgaba al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación la responsabilidad de transmitir en todos los niveles de la enseñanza, el folleto titulado: SUBVERSIÓN EN EL AMBITO EDUCATIVO (Conozcamos a nuestro enemigo). Juan José Catalán firmaba la resolución en su condición de Ministro de Cultura y Educación. Era sólo el inicio de otras duras proscripciones, anulación de libertades y quema de libros, que se sumaban para condicionar el sostenido eclipse político de los intelectuales.
Los argentinos, que debimos aprender -como diría el escritor Marcelo Damiani- "el oficio de sobrevivir", demoramos en hacer un balance y mucho más en producir un diagnóstico de la situación. Cuando lo hicimos, nos encontramos con una sociedad fracturada y con desiguales columnas en el debe y el haber del acontecimiento, su tiempo y sus circunstancias. Vale decir, sin democracia, sin libertades republicanas, sin justicia, sin respeto por la vida, sin libertad de expresión, sin legitimidad de poder y, al mismo tiempo, con exiliados dentro y fuera del país, con nuevos silencios, con desconfianza, con mayor dependencia, con violencia cotidiana, con la sospecha instalada en medio de la cotidianeidad. Era el costo de la ruptura de la hegemonía que gran parte de la sociedad argentina pagaba tardíamente, por el desencuentro ciudadano y las sucesivas desarticulaciones de las instituciones, que cada golpe de Estado imponía en medio de la anomia social inducida. La complicidad civil fue un hecho, existió, y no es bueno para la construcción de la memoria colectiva, negarla.



[i] Constitución de la Nación Argentina. Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional. Buenos Aires, Editorial Kapelusz, 1978.

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